Créditos de carbono: la debida diligencia como pilar de confianza y sostenibilidad

Escrito por: Manuela Navarro

Coordinadora Jurídica

El mercado de carbono en Colombia atraviesa una transformación decisiva. Lo que antes se concebía como una transacción entre comprador y desarrollador, hoy demanda un enfoque más riguroso de Debida Diligencia. Para las empresas sujetas al impuesto nacional al carbono, los créditos de carbono continúan siendo una herramienta estratégica, tanto para aplicar al mecanismo de no causación como para fortalecer su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa y la sostenibilidad. No obstante, este proceso ahora se encuentra guiado por nuevas reglas derivadas de la jurisprudencia.

En este contexto, la Sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional, junto con los pronunciamientos recientes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), ha elevado los criterios de cumplimiento. Esto significa que los compradores no solo adquieren un activo ambiental, sino que también comparten la responsabilidad de asegurarse de que los certificados cumplen con toda la normativa vigente. En otras palabras, cada crédito representa una inversión que debe ser legítima, trazable y sostenible; de lo contrario, no podrá ser válido para efectos de compensación del impuesto al carbono.

La solidez de una inversión en créditos de carbono depende de aplicar una debida diligencia rigurosa. Esto implica verificar que (i) el proyecto cumpla estrictamente con el Decreto 926 de 2017, las Resoluciones 1447 de 2018 y 831 de 2020, así como con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo). Igualmente, es indispensable (ii) confirmar que la iniciativa esté debidamente registrada y actualizada en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (RENARE), requisito habilitante para la validez de los créditos y, sobre todo, para aportar confianza y trazabilidad al comprador.

De igual manera, (iii) el comprador debe asegurarse del cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales, lo que incluye solicitar evidencia de la Resolución emitida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Finalmente, resulta clave confirmar que la acreditación de los organismos verificadores, validadores y certificadores se encuentren legitimados para emitir las correspondientes certificaciones.

Este cambio no ocurre de manera aislada. La transformación regulatoria del mercado de carbono colombiano se conecta con compromisos internacionales como el Acuerdo de París, la CMNUCC y los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza - ESG, que hoy definen la manera en que inversionistas, cadenas de suministro y socios comerciales evalúan el desempeño ambiental y social de las compañías. Cumplir con la debida diligencia en créditos de carbono además de ser un requisito legal, es una ventaja competitiva.

Ignorar estos lineamientos, en cambio, puede exponer a las empresas a sanciones fiscales, a la invalidez de los créditos adquiridos y a riesgos reputacionales que afectan directamente la confianza de inversionistas y aliados estratégicos.

Por eso, los créditos de carbono deben ser entendidos como una inversión estratégica en sostenibilidad, seguridad jurídica y reputación corporativa, y no solo como un requisito fiscal.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanza en la construcción de un protocolo nacional con enfoque étnico para proyectos REDD +, como orden de la Corte Constitucional, que establecerá directrices claras de debida diligencia para las empresas. Este nuevo instrumento se perfila como un estándar de referencia para todo el mercado de carbono, elevando las expectativas sobre la actuación del sector privado en Colombia en materia de respeto a Derechos Humanos, salvaguardas socioambientales y gobernanza territorial.

En este escenario, Biofix BIC acompaña a sus clientes con un enfoque integral de gestión segura y transparente, asegurando que cada crédito adquirido cumpla con la normativa vigente y reduciendo riesgos legales, fiscales y reputacionales. Nuestro compromiso es brindar confianza, trazabilidad e impacto positivo, fortaleciendo las metas de sostenibilidad de quienes creen en un mercado de carbono sólido y responsable.