El cumplimiento de las salvaguardas en los Proyectos REDD+ permite proteger de manera integral a los territorios y que no se produzcan impactos negativos en las comunidades locales.
Para abordar la importancia de las salvaguardas y su cumplimiento, debemos reconocer que, desde las cosmovisiones ancestrales, es una forma de hacer que el proyecto guarde y preserve lo fundamental, es decir que se conserve el bosque integrando principios étnicos y origen de vida. Las salvaguardas entonces permiten que esos otros elementos adicionales a la conservación de los bosques se realicen de una manera positiva y que los beneficios de los proyectos REDD+ se maximicen.
Desde la mirada institucional, las salvaguardas son las reglas del juego para el desarrollo de esos proyectos REDD+, pensar en salvaguardar los pueblos indígenas, los territorios que ellos habitan y su cultura; nos permite salvaguardar a las comunidades y al territorio, y a su vez, que se den funcionamiento a diferentes políticas que están relacionadas a los términos ambientales, jurídicos, administrativos, políticos y culturales de los que son proponentes de los proyectos REDD+ y juegan un rol fundamental.
Así, podríamos decir que las salvaguardas son de doble vía, porque no solamente están en función para que el desarrollador tenga que cumplirlas, sino que, a su vez, las comunidades tienen que generar acciones para asegurar la aplicación de esas reglas de juego.
Operativamente se podría agregar, primero que, las salvaguardas en los proyectos REDD+ son medidas de protección diseñadas para evitar, minimizar y compensar cualquier impacto negativo que pueda tener el proyecto sobre los derechos de los actores involucrados. Las salvaguardas se aplican a todas las fases del proyecto REDD+, desde la planificación hasta la implementación y el monitoreo, y abarcan una serie de aspectos clave.
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En el inicio de un proyecto es fundamental contemplar los principios de las salvaguardas, lo que implica asegurar que en los acercamientos y en las fases informativas iniciales, se garantice una participación plena y efectiva de las partes y se respete el conocimiento tradicional de la comunidad en la zona del proyecto, así como sus formas de organización y toma de decisiones.
Asimismo, durante su implementación, es necesario realizar un monitoreo constante de estas salvaguardas, estableciendo indicadores que permitan medir su cumplimiento y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario.
Ahora bien, los desarrolladores de los proyectos deben propender por el cumplimiento de las salvaguardas, pero se podría afirmar que ¿Colombia aún no tiene una política a nivel gubernamental frente a las salvaguardas?
Es evidente que más que una política, lo que hace falta para tener el sistema completo frente a las salvaguardas en Colombia, es tener claro cómo se van a medir y a través de qué mecanismos. El país ya cuenta con varios sistemas e información en temas de clima, bioindicadores hidrológicos, en reportes de quejas y reclamos, por lo cual no hay que inventar lo ya creado, lo ideal es saber cómo utilizar lo que ya hay para lograr medir cómo funcionan las salvaguardas y como se están implementando y aplicando. Pero si es importante destacar que, si hay una interpretación nacional de las Salvaguardas de CANCUN, y para eso en Colombia se definieron 15 salvaguardas REDD+ de acuerdo con el contexto nacional y las realidades locales.
El gobierno colombiano ha establecido una serie de directrices y requisitos que los proyectos deben cumplir para garantizar que los proyectos demuestren robustez técnica e integridad ambiental, respeto por los derechos de las comunidades locales, de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables, y también conservación de la biodiversidad. Algunas de estas directrices están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y en la estrategia nacional de REDD+.
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Además, Colombia ha ratificado diferentes tratados internacionales que incluyen la obligación de proteger los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, es cierto que todavía existen desafíos en la implementación efectiva de las salvaguardas en el país, y que, en algunos casos, la aplicación de estas medidas ha sido insuficiente. Por lo tanto, es importante continuar trabajando en la promoción de políticas y prácticas que garanticen la protección de los derechos de las comunidades locales y la conservación ambiental en los proyectos de desarrollo en el país.
Ahora bien, hay que destacar que, en los proyectos REDD+, el seguimiento al cumplimiento de las salvaguardas se realiza a través de un proceso de monitoreo y verificación que involucra a diferentes actores, incluyendo la entidad gubernamental responsable de la implementación de REDD+ en el país, el equipo técnico del proyecto REDD+ encargado de la implementación y el monitoreo del proyecto, que debe incluir aspectos sociales y ambientales, las comunidades locales, y los pueblos indígenas que tienen un papel importante en el monitoreo del cumplimiento de las salvaguardas en los proyectos REDD+. (Ellos pueden reportar cualquier incumplimiento o impacto negativo del proyecto a las autoridades competentes) y los organismos de validación y verificación quienes realizan seguimiento y monitoreo de la implementación de las salvaguardas en los proyectos REDD+.
En resumen, el cumplimiento de las salvaguardas en los proyectos REDD+ es responsabilidad compartida entre los actores involucrados en la implementación del proyecto, las comunidades locales y los pueblos indígenas, y los organismos de control. Todos ellos deben trabajar juntos para garantizar que se respeten los derechos de las comunidades y se conserven los valores ambientales durante la implementación de los proyectos REDD+.
Es importante recordar que, la formulación de cualquier proyecto REDD+ se debe dar en cumplimiento a las salvaguardas, no solamente en cumplimiento del derecho que tienen las comunidades de los territorios, sino el cumplimiento de un orden político, programático, en las leyes que existen y en los acuerdos internacionales a los que están suscritos por los países en materia de cambio climático.
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BIOFIX es uno de esos desarrolladores que adelanta 11 proyectos REDD+ en la región Amazonia, Orinoquia y Pacifico colombiano. Dentro del inicio de estos proyectos se establece la aplicabilidad de las salvaguardas acorde a lo institucional, social, cultural y ambiental, según correspondan, dentro de las fases que se vayan surtiendo. Dentro de esta aplicabilidad, se pueden resaltar acciones encaminadas al acceso a la información, transparencia y participación efectiva por parte de las comunidades con las cuales se hace el acercamiento inicial, a través de un proceso conjunto entre la empresa y la comunidad, el cual inicia con una carta de intención por parte de la comunidad étnica interesada en desarrollar un proyecto REDD+.
Finalmente, los procesos de participación plena y efectiva realizados en conjunto con las comunidades parten del respeto por el conocimiento tradicional y ancestral que tienen dentro de su autonomía y gobierno propio, el cual permite la aprobación del proyecto y el consentimiento libre previo e informado que dan las comunidades de manera autónoma para lograr el desarrollo de un proyecto REDD+ en sus territorios.