Ana Milena Plata, CEO de Biofix BIC, explica las bondades de los créditos de carbono y hace un llamado para fortalecer los proyectos de carbono forestal, pues pueden ser un mecanismo útil para canalizar la financiación hacia las comunidades que preservan los bosques.
Críticas
Colombia necesita recursos para avanzar en programas y proyectos contra el cambio climático y el aumento de la temperatura global. El mercado de carbono es una fuente importante de recursos para la conservación de bosques, sin embargo, cada día es frecuente encontrar críticas al mercado de carbono en medios de comunicación y funcionarios del Gobierno.
Muchos hablan de las críticas, pero pocos hablan de la solución. Los créditos de carbono forestal están siendo criticados públicamente como una fuente de lavado verde corporativo, lo que genera un feroz debate. Si bien es necesario un escrutinio cuidadoso de los créditos de carbono, la crítica generalizada es irresponsable y nos distrae del verdadero papel de los bosques en la mitigación del cambio climático y lo que realmente están haciendo las empresas para reducir las emisiones en sus cadenas de valor.
Es cierto que hay deficiencias en proyectos privados y programas públicos, sin embargo, el objetivo de Colombia de aumentar su ambición climática e involucrar a todos los actores de la economía, sector público, sector privado, academia, ONG y comunidades étnicas es algo admirable y reconocido a nivel mundial.
Atacar constantemente los proyectos de carbono distrae de la responsabilidad real de las empresas sobre el cambio climático, deberíamos atacar a las empresas que no tienen estrategia de mitigación de emisiones en vez de concentrar los esfuerzos en atacar a las empresas que sí realizan alguna acción.
Para quienes no conocen, los créditos de carbono se pueden obtener básicamente mediante dos tipologías: Soluciones Basadas en la Naturaleza, que incluye la conservación forestal o REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal evitadas) y A/R (forestación o reforestación) y Soluciones basadas en la tecnología, es decir, proyectos de sustitución de energías.
La crítica o el descrédito a los créditos de carbono se debe a dos razones fundamentales: primero hay quienes afirman que este mecanismo no debería existir ya que su objetivo es lograr que las compañías compensen los gases de efecto invernadero que están emitiendo con la conservación de bosques, estos críticos señalan que el petróleo debería acabarse de la noche a la mañana y no consideran la transición energética.
Lo que ignoran es que medidas extremas como las solicitadas por Greta Thunberg de cerrar petroleras o de no volver a usar ningún transporte aéreo generan un impacto económico y social muy profundo, de despidos masivos, de decrecimiento de la economía, solo por citar algunos ejemplos, además desconocen que según estimaciones de la OIT la transición energética podría generar 25 millones de nuevos puestos de trabajo a 2030. Por otro lado, los instrumentos de precificación al carbono dan una señal tanto al consumidor como al productor de ir migrando ordenadamente hacia combustibles verdes, sin impactar de manera drástica la economía.
Otra crítica frecuente por parte de ONG y medios de comunicación, y sin rigor técnico, es la sobreestimación de los créditos de carbono que se generan, especialmente en el sector forestal. Esta crítica ha sido muy frecuente por parte de la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Lo curioso es ver cómo la arquitectura de proyectos REDD involucra un desarrollador que elabora los cálculos, un auditor que está acreditado por la ONAC (Organización Nacional de acreditación Colombiana), institución adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, y un certificador que debe cumplir con la resolución 1447 de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los factores de emisión que genera el Ideam.
Dicho esto, si los créditos de carbono están sobre estimados hay una clara oportunidad de mejora por parte del Gobierno en robustecer la arquitectura institucional REDD y específicamente en operativizar el RENARE (Registro nacional de reducción de emisiones) creado en la R.114 de 2018.
Finalmente, el desafío más importante, que ha sido mencionado en varias ocasiones por medios de comunicación, es la vulnerabilidad de las comunidades étnicas en la negociación de los créditos de carbono con los desarrolladores. Los mayores proyectos REDD se encuentran en resguardos indígenas y territorios afro, comunidades vulnerables y propensas a ser engañadas.
Desde ASOCARBONO se ha propuesto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible crear una superintendencia que regule entre otras cosas, los contratos entre comunidades étnicas y desarrolladores, para que haya unos máximos de participación, mayor transparencia en el mecanismo de distribución de beneficios y se lleven acuerdos justos entre las partes a través del consentimiento libre, previo e informado.
De igual forma, desde ASOREDD (Asociación para la Reducción y Remoción de GEI), también se ha creado un código de conducta, avalado por la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIAC)para garantizar la no vulneración de los derechos sociales, culturales, económicos, políticos, territoriales, orientados a promover el estricto cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales de los indígenas en el desarrollo de los proyectos REDD+.
Fortalezas del mercado de carbono
En un mercado emergente como el mercado de carbono, las críticas alertan sobre procesos o estrategias que no están bien definidas e imponen pensar en cómo mejorar para no caer en los mismos errores. El mercado de carbono colombiano, contrario a la autocrítica, es líder mundial en créditos de carbono, en el 2018 en la COP24 Colombia ganó el Carbon Pricing Champion Award por la implementación del impuesto al carbono y especialmente por la no causación del impuesto a través de los créditos de carbono.
Es por ello que la Agencia de Cooperación Estadounidense (USAID) lleva promoviendo desde 2013 los proyectos privados REDD, desde el programa de Páramos y Bosques y ahora con el Programa Amazonia Mia. USAID genera capital semilla y las condiciones para que las comunidades étnicas tanto de la región Pacífica como de la región Amazónica puedan generar sus propios proyectos REDD a través del autogobierno. De igual forma se avala el trabajo que viene desarrollando UK Pack, en alianza con la Procuraduría General de la Nación, en establecer parámetros congruentes para la cooperación de proyectos privados para la conservación.
De esta forma, el mercado de carbono privado ha generado más de 50 millones de dólares a comunidades étnicas diferenciadas y actualmente más de 50 mil personas son beneficiadas en las líneas de acción de los proyectos REDD con: fortalecimiento de gobernanza, monitoreo a la deforestación y degradación, reforestación, salud, infraestructura y educación y negocios verdes.
Aquí se trata de escoger entre ser la Greta Thunberg y solicitar medidas extremas o ser Francisco el niño ambientalista con un discurso eco- esperanzador donde toda la sociedad, academia, comunidades étnicas, políticos y sector privado nos unamos a buscar soluciones que nos garanticen una transición energética justa y equitativa.
Más ambición climática, menos burocracia
La ministra de Ambiente menciona que los créditos de carbono privado son basura, mientras expone que creará una agencia de la Biodiversidad y la Restauración Ecológica, que tendrá como alcance definir la cantidad de carbono por bioma, que certificará los proyectos y que además se quedará con una parte de los ingresos que genera su venta.
La recomendación al Ministerio es que construya y avance en la arquitectura reglamentada en Colombia, la institución encargada de la medición del carbono por hectárea se llama Ideam, la plataforma para el registro se llama RENARE y las certificadores así como los organismos de validación y verificación deben obedecer las reglas de independencia de la resolución 1447 de 2017 y ser acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación Colombiana. Todas estas funciones que la ministra dice no se cumplen son del Estado Colombiano, crear otra entidad para centralizar estos alcances no solo crea burocracia, sino que el estado y los créditos de carbono colombianos empezaran a perder credibilidad internacional, ya que irían en contra de los principios globales del The Integrity Council for Voluntary Carbon Markets.
Pero no solo las declaraciones generalizadas sobre los créditos de carbono como lavado verde corporativo o créditos basura, como dice la ministra, son nocivas para el mercado. El gobierno de Petro en su reforma tributaria también limitó el mercado doméstico, al reducir al 50 por ciento la compensación del impuesto del carbono, esto quiere decir que antes de la reforma la demanda de créditos de carbono de proyectos con comunidades era mayor y hoy en día al verse reducida el precio que se está pagando es mucho menor, como resultado, hay menos financiamiento para las comunidades étnicas.
En este Gobierno que prometió ser mucho más verde, las medidas que se están tomando son bajar el financiamiento climático y generar pánico económico sobre las nuevas inversiones en conservación forestal.
Las soluciones climáticas naturales pueden ser una poderosa herramienta para mitigar el cambio climático. De hecho, la protección, gestión y restauración de los bosques y otros ecosistemas podría aportar hasta un tercio de la mitigación climática necesaria para alcanzar el objetivo fijado por el Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados de acuerdo a la ONU.
Los proyectos REDD+ y el mercado de carbono ofrecen ventajas adicionales más allá de ayudar a combatir el cambio climático, protegen y mejoran la biodiversidad evitando la destrucción de los ecosistemas naturales, que son fundamentales para los cimientos de nuestra sociedad y de la economía en general. Pero los proyectos REDD+ deben hacerse bien y por ello es importante que el Gobierno colombiano una esfuerzos con todos los sectores de la economía, incluyendo el sector privado para fortalecer las instituciones existentes basados en los principios de independencia, eficiencia y justicia.
Existen varias iniciativas importantes que trabajan actualmente para aportar más integridad al mercado voluntario del carbono. El Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono está desarrollando principios para los créditos de carbono de alta calidad, mientras que la iniciativa de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono ofrece orientación sobre cómo los utilizan las empresas.
Los planes de acción climática de las empresas deben tener tres componentes fundamentales: primero las empresas deben fijar un objetivo de cero emisiones netas para 2050, o antes, que tenga una base científica y esté en consonancia con las trayectorias de 1,5 grados centígrados. Segundo, las empresas deben implementar medidas internas en su operación para bajar las emisiones y tercero, después de bajar lo máximo que puedan deben compensar el restante a través de la compra de créditos de carbono en países en vía de desarrollo y con comunidades étnicas. Esto garantiza que la empresa internalice los efectos adversos al medioambiente ocasionados en sus procesos de producción, pero también genera un flujo de recursos importantes para la implementación de planes de desarrollo de comunidades étnicas en países como el nuestro.
El debate entonces debe centrarse en las empresas que no realicen bien la tarea, no en las empresas que se encuentran realizando la tarea y adquiriendo créditos de carbono. A fin de cuentas, los proyectos de carbono forestal pueden ser un mecanismo útil para canalizar la financiación hacia las comunidades que mantienen los bosques intactos. Necesitamos que los bosques se mantengan en pie, tanto si están amenazados hoy como si lo estuvieran en el futuro.
Vía: @Revista Semana